La gratuidad de la educación pública hasta el tercer año de educación superior es la principal variación en relación con la Constitución de 1998, mientras que se ratifica el laicismo en todos los niveles y el derecho de los indígenas de aprender en su propia lengua y en su ámbito cultural.

Para Milton Luna, del Contrato Social por la Educación, en el nuevo cuerpo constitucional existen avances como la corresponsabilidad del Estado y la consolidación de la educación como un derecho. Sin embargo, advierte retrocesos en la descentralización del sistema educativo. “Este es un triunfo del poder de la UNE que ha confundido la municipalización con privatización”, dice.

El Consejo Consultivo de Educación Superior se reunió días atrás para analizar los textos aprobados en la Asamblea.

“Estamos de acuerdo con la mayor parte de los artículos, porque fueron propuestas del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) y la Senplades, pero hay algunos que contienen imperfecciones, como que se otorgue a la Ley de Educación el membrete de orgánica y no a la de Educación Superior”, dijo Gustavo Vega, presidente del Conesup.

En el proyecto de Carta Magna se implementa para el ingreso de los estudiantes procesos de nivelación y admisión. A su vez, en el artículo 355 se vincula la gratuidad de la educación superior con la responsabilidad académica de los estudiantes.

El Estado garantizará el financiamiento de las universidades públicas; no obstante, ellos pueden buscar mecanismos de autogestión. También dice que asignará de forma progresiva recursos públicos del presupuesto general para educación inicial básica y bachillerato con incrementos anuales de al menos el 0,5% del PIB hasta alcanzar el mínimo de 6%.

El Estado estimulará la jubilación de los docentes del sector público mediante el pago de una compensación que relacione su edad con los años de servicio prestados. Los montos máximos serán de cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio, hasta 150 salarios básicos unificados.