Que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos es uno de los textos que incluye la Constitución. Está en el artículo 314 del capítulo de Régimen de Desarrollo, que señala que “el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación”.

Estos servicios son: agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.

Este artículo genera discusión en analistas y funcionarios. Para Gabriela Calderón, analista de Políticas Públicas, no es la mejor opción que el Estado establezca los precios porque se “podría politizar el tema”.

Calderón explica que la alternativa es que la fijación de precios “sea manejada por cuerpos técnicos e independientes, que lo establezcan a base de lo que cuesta prestar el servicio”.

“Los precios se politizan, tienen que ser puramente técnicos, de producción de lo que cuesta, se debe realizar un análisis de mercado”, indica.

Para Nicolás Romero, gerente general de Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, el artículo es “una estupidez”, porque “las tasas van en función de la inversión que tiene que realizar ese aeropuerto para brindar esa infraestructura”.

“¿Cómo se lo hace equitativo para todos? ¿Cómo le puede cobrar a un avión grande o a uno pequeño una tasa equitativa por el uso de las instalaciones? se pregunta Romero.

Mientras para Alex Villacrés, presidente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), el texto constituyente no es nuevo porque “esto siempre lo ha hecho el Estado y nunca ha dejado de hacerlo”.

Incluso cita que el tarifario fue establecido antes de la licitación pública internacional de la concesión y “fueron debidamente aprobadas”.

Las tarifas son múltiples, por ejemplo, la del banano es de $ 5 por tonelada métrica, los contenedores llenos $ 130 y los vacíos $ 100.

La infraestructura en el aeropuerto incluye instalaciones físicas para el pasajero, la pista y la infraestructura de mangas para las aeronaves.

Y en el puerto de Guayaquil es el uso del canal de acceso, la ayuda a la navegación, servicios de practicaje, de remolcadores, de muelles y bodegas. Por estos servicios el usuario paga distintas tasas.

Carlos Cortez, catedrático de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Guayaquil, señala que la intervención del Estado en los servicios públicos es fundamental, porque “los servicios públicos alcanzan a las grandes mayorías que tienen ingresos bajos”.

Cortez afirma que en cualquier momento el Estado puede conceder los servicios de control a una concesión para que lo haga.

Con él coincide Teresa Lasso, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil, quien dice que este artículo es posible si el Estado aplica la figura de “concesiones” para que una empresa se haga cargo de controlar la equidad en las tarifas, sea cual fuere el servicio.

En mayo pasado fue anunciado por el Gobierno la reducción de las tarifas de energía eléctricas de las juntas de Agua Comunitarias, que rige desde junio pasado. Esto con la finalidad de que se cancele un valor justo porque son entidades sin fines de lucro.