Antonio Pincay, de 20 años, cursa el segundo año de Publicidad y Marketing en la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil. Su carrera es autofinanciada, por lo que debe pagar una mensualidad de $ 31.

De ser aprobado el proyecto de Constitución en el próximo referéndum, las carreras autofinanciadas en las universidades públicas ya no serán pagadas por los alumnos sino por el Estado, explica Carlos Cedeño, rector de la Universidad de Guayaquil, quien asegura estar de acuerdo con el principio de la gratuidad de la educación.

No obstante, la omisión de un artículo que sustente esa gratuidad, en el que se establezca cuál será la fuente de financiamiento le preocupa. “La mesa 1 sí puso que se financiará con el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), pero ese texto no fue acogido en la mesa 7 ni en el pleno de la Asamblea”, dice Cedeño.

Esta cuestión es motivo de desconfianza para un sector de los universitarios y la causa de fracción en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).

Juan Fernández, presidente de la FEUE Guayas, dice que su grupo rechaza el articulado sobre educación porque no acoge su propuesta de financiamiento (2% del PIB). Además, añade, no permite el libre acceso a la educación y atenta contra la autonomía de las universidades.

Esta opinión contrasta con la del presidente nacional de la FEUE, Sebastián Cevallos, quien señala que la agrupación está a favor del proyecto porque “implica reconocer el derecho a la juventud de acceder a la educación”.

Según Cevallos, el texto en el que se indica que “el ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión”, no representa un limitante para el bachiller, como lo asegura Fernández, sino que es una “discriminación positiva” porque habla de nivelar a los aspirantes.

Sobre este asunto, Cedeño explica que establecer políticas de ingreso en las universidad no es una novedad. “En la Universidad de Guayaquil ingresan los estudiantes por la vía de aprobar el curso preuniversitario, eso podría ser una expresión de la política de ingreso. Lo que la Constitución establece es gratuidad de la enseñanza, no dice por ninguna parte el libre ingreso, eso no existe, incluso la gratuidad la relaciona con el cumplimiento de las políticas de ingreso donde se privilegia la calidad”.

Alfredo Ruiz, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, coincide con esa opinión y cree que en la Constitución no se descarta poner las condiciones necesarias para la admisión, “no es que se abrirán las puertas indiscriminadamente”.

En tanto, el catedrático Wilson Guarderas opina que en este artículo se habla de un proceso de diagnóstico, mas no de discriminación, “no puede hacerse una lectura caprichosa e interesada del texto”.

En tema de financiamiento, Guarderas dice que para que la gratuidad de la educación dé resultado, las universidades tienen que hacer sus presupuestos. “En las universidades nos movemos un poco en el caos, entonces, se requiere una planificación a mediano y a largo plazo”.