La expropiación por razones de utilidad pública a aquellas propiedades que no cumplen la mencionada función social preocupa a diversos sectores en caso de que gane el Sí en la consulta y se dé paso a esta ley.

El acaparamiento de tierras en pocas manos, la especulación de propiedades y los “grandes” latifundios abandonados son las formas de propiedad que a criterio del asambleísta Pedro de la Cruz, gestor de esta propuesta, deberán ser regulados a partir de lo aprobado en la propuesta de Constitución.

La expropiación se dará previa una justa valoración y para ello el Estado normará mediante una ley que determine qué propiedades no cumplen con la función social, así como en leyes secundarias se deberá fijar los parámetros que deben seguirse, dice De la Cruz.

Pero la interpretación de la función social y la forma cómo se regulará esa ley preocupa a sectores como la Cámara de la Construcción.

En efecto, el punto referente al acaparamiento de tierras “fuera de la ciudad” para especular y ganar plusvalía que De la Cruz refiere, no es compartida por el presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, José Centeno.

El gremio, que agrupa a compañías constructoras y que manejan proyectos inmobiliarios en varios sectores de la ciudad, defiende la propiedad de tierras que se consideran “supuestamente sin utilidad”, porque se trata de terrenos donde se tienen proyectos futuros.

“Los terrenos son particulares y deben ser respetados”, señala Centeno, tras subrayar que no todas las urbanizaciones se hacen de la noche a la mañana y deben cumplir varios trámites, entre ellos buscar el financiamiento que es “sumamente costoso”, proceso que puede demorar hasta dos años.

“Son muchos terrenos y no es como se piensa que están abandonados”, añade y precisa que esos sectores han ganado plusvalía con las vías de comunicación y en la medida que avanza la modernización.

En esa situación se encuentran terrenos ubicados en la vía a Samborondón, vía a la costa y en la Perimetral que esperan la aprobación de los municipios. “De aprobarse esa propuesta, todos estos proyectos están amenazados”, sostiene.

El ambiente es distinto entre el sector de los indígenas y campesinos que esperan una redistribución de las tierras con la aprobación de la Constitución.

En la propuesta se consideran también latifundios en la Costa, Sierra y Amazonía, así como tierras abandonadas que fueron expropiadas a banqueros que quebraron, señala De la Cruz.

Manuela Cobacango, dirigente de la Confederación de organizaciones campesinas, indígenas y negras (Fenocin), refiere que de aprobarse la propuesta se beneficiaría al 60% de las 600 mil familias.

“Estamos tanteando que las propiedades privadas en grandes cantidades que no cumplan su función social pasen a los campesinos que no tienen tierras. Tampoco queremos que sea gratuito, sino que haya flexibilidad”, sostiene.

Cobacango denuncia que en terrenos que estaban abandonados se han iniciado trabajos tras la aprobación de la propuesta en la Asamblea y pide que se analice cómo se procederá en esos casos.

En tanto, en la asociación de ganaderos se cuestiona la diversificación de formas de propiedades que se incluyen en la Carta Magna. “En el mundo solo hay dos formas de propiedad: la pública y la privada”, dice el dirigente Paúl Olsen.