Por las mañanas, del cuidado diario de Patricia Jácome (53), madre soltera con discapacidad física, se encarga un familiar que solo dispone de ese tiempo. Luego del mediodía, cuando retorna del colegio, es su hijo de 15 años y con retardo mental el que asume esta tarea.

Su caso, de aprobarse el proyecto de nueva Constitución, encajaría dentro del artículo referente a las personas con discapacidad, a quienes el Estado les reconocerá el derecho a disponer de centros para su albergue, así como a una vivienda en condiciones necesarias para atender su problema y acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. “Se eliminarán las barreras arquitectónicas”, cita el documento.

Ese planteamiento, sin embargo, no emociona mucho a Patricia, quien se moviliza en silla de ruedas y habita en el segundo piso de un edificio situado en el sur de Guayaquil. “No creo que en un albergue me den la misma atención que me da un pariente. Soy diabética y para mí es importante un control en la comida y los medicamentos, a cualquier hora”, dice.

No obstante, el texto aprobado por la Constituyente indica que las personas y familias que cuiden a discapacitados que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de atención.

Para su hijo, en cambio, ella sí ve oportunidad. Tras conocer que dentro del articulado se dispone que los planteles regulares deben incorporar trato diferenciado e implementar un sistema de becas para personas con discapacidad, dice sentirse aliviada. “Soy beneficiaria del bono (de desarrollo humano) y no me alcanza para pagarle una buena educación”, expresa.

Freddy Andaluz, presidente de la Asociación Provincial de Discapacitados de Los Ríos, considera “un verdadero logro” que se haya incluido a este sector de la población en el proyecto de Carta Política. Él, junto con otros agremiados, fue parte de las agrupaciones que acudió a Ciudad Alfaro para hacer pedidos a los asambleístas.

“Velar por un cuidado especial a los discapacitados era parte de la propuesta que presentamos en Montecristi, porque la ayuda no solo debe ser recibir ayuda técnica (sillas de ruedas, equipos, etcétera); nos sentimos respaldados”, indica.

En el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), la vigencia de los artículos sobre los derechos de estas personas, de aprobarse la Carta Magna, causa expectativas positivas; allí se percibe que su labor que ahora se limita a la entrega de carnés para los discapacitados, tendrá más apoyo del Estado.

Efrén Garaicoa, director de esta entidad en Guayas, donde están registradas 27 mil personas, explicó que con anterioridad el Gobierno les expuso iniciativas para levantar albergues en Guayaquil y otras ciudades a través del programa Ecuador sin Barreras, que dirige el vicepresidente Lenin Moreno.

El Segundo Mandatario, de hecho, anunció en junio pasado un proyecto de albergues para niños con discapacidad, aunque no reveló la inversión ni el tiempo que tomaría su ejecución. Con este plan las madres tendrían la opción de dejar a sus hijos al cuidado de profesionales mientras ellas trabajan.

En Ecuador existen 1,6 millones de personas con discapacidad física, mental y sensorial, lo que equivale al 12,14% de la población nacional. El 50% de ellas está en los quintiles 1 y 2 de pobreza, esto es más de 780 mil personas con un ingreso per cápita de $ 30 al mes.